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Veredicto Final – Lima

Tribunal Internacional por los Derechos De La Naturaleza
Lima, Peru – Diciember 2014

International Tribunal de los Derechos de la Naturaleza

En honor a José Tendetza

Lima, 5 y 6 de diciembre

Verdicto Final Internation RoN Tribunal Lima Spanish A4
Internation RoN Tribunal Lima Final Judgment EnglishA4

English Verdict

Sentencia final

EL TRIBUNAL INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA, conformado por Verónika Mendoza (Congresista de Perú, representante de la región de Cusco), Raúl Prada Alcoreza (Filósofo, sociólogo, escritor, ex miembro de la Asamblea Constituyente boliviana de 2006 2007, Bolivia), Hugo Blanco (líder político, director del periódico “Lucha Indígena,Perú), Tantoo Cardinal (indígena Cree de Canadá, actriz y activista frente a los Tar Sands en Canadá), Blanca Chancoso (líder Kichwa y educadora de Cotacachi, Imbabura, Ecuador), Edgardo Lander (sociólogo, profesor de Venezuela), Tom Goldtooth (Dine / Dakota, director de la Indigenous Environmental Network de Minnesota, EE.UU), Francios Houtart (profesor, sociólogo, teólogo de Bélgica, miembro del Tribunal Permanente de los Pueblos), Osprey Orielle Lake (Co- Directora Ejecutiva de Women’s Earth & Climate Action Network-WECAN, EUA), Rocío Silva Santiesteban (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, autora, profesora, Perú), Atossa Soltani (fundadora y directora ejecutiva de Amazon Watch, EUA), Terissa Turner (profesora de Sociología y Antropología, Especialista en Energía, Canadá) y presidido por Alberto Acosta (ex Presidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador, economista, profesor universitario), reunido en la ciudad de Lima, los días 5 y 6 de diciembre de 2014, conoció, escuchó con atención los casos presentados y resolvió lo que consideró pertinente.

  1. DERECHO APLICABLE

 El Tribunal escuchó a las mujeres indígenas del norte Cassey Camp (Ponca, OK, EUA) y del sur Patricia Gualinga (Sarayaku, Ecuador) quienes expusieron sobre las formas de comprender a la Madre Tierra. Según el saber indígena, la naturaleza, la tierra, es un ser vivo sagrado, de la que dependen todo el resto de seres vivos, incluidas las piedras, el agua, el aire, la tierra y todos los seres que la habitan. Tiene derecho a la vida, al respeto y hasta a ser consultados.

Se habló sobre la responsabilidad que tiene el ser humano para cuidar la fuente de vida, sobre la necesidad de vivir en equilibrio y armonía con la naturaleza y sobre la necesidad y la posibilidad de dialogar interculturalmente con los pueblos indígenas.

El Tribunal considera que no se puede comprender cabalmente los derechos de la naturaleza sin escuchar la sabiduría y el derecho propio indígena. El Tribunal también considera imprescindible contar con los instrumentos jurídicos que han sido aprobados en Bolivia y en Ecuador. En Bolivia, consta la Madre Tierra en el Preámbulo de la Constitución y se ha elevado a rango de ley la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, que la considera como un sujeto colectivo, que debe ser defendido y protegido, que tiene derecho a la vida y regeneración. La Declaración de la Madre Tierra, suscrita en Cochabamba el 2010, que reconoce el derecho a la vida de la madre tierra, su integralidad, la regeneración y la no alteración de sus ciclos.

En el caso de Ecuador, la Constitución reconoce en su preámbulo que los seres humanos somos parte de la naturaleza y que la Pachamama es vital para nuestra existencia; propone construir una nueva forma de convivencia en diversidad y armonía con la naturaleza. La Constitución contiene un capítulo sobre Derechos de la Naturaleza con cuatro artículos, que reconocen la titularidad de derechos, el derecho a la vida, al respeto integral a su existencia, al mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, a la restauración, a la precaución y la prohibición de la apropiación de las funciones de la naturaleza. Finalmente, reconoce que todas las personas, pueblos y nacionalidades tienen la responsabilidad de protegerla.

El Tribunal considera que tanto el derecho propio que se deriva de la cosmovisión de los pueblos indígenas, las leyes naturales y la normas del sistema jurídico boliviano y ecuatoriano son aplicables para comprender, valorar y aplicar los derechos de la naturaleza en los casos sometidos a su conocimiento.

El Tribunal saluda los esfuerzos de las NNUU[1] por desarrollar conceptos sobre Armonía con la Naturaleza e invita a constituirlo en un programa permanente que tome nota de las afectaciones al conjunto del planeta y su metabolismo. Remitirá a esta instancia las diferentes sentencias a fin de contribuir al desarrollo de conceptos sobre Armonía con la Naturaleza desde los diferentes casos que hablan de los impactos a la naturaleza por de las fracturas al esqueleto de la tierra, las afectaciones al mar, la destrucción de la atmósfera, la intervención de ecosistemas complejos.

Más allá del derecho aplicable recogemos las propuestas de los demandantes que actuando en nombre de la Madre Tierra, proponen el boicot a las empresas que provocan su destrucción. Acogemos la petición de que se proscriba la presencia de empresas que, como las petroleras, siendo causantes de la destrucción del planeta, están ahora promoviendo aparentes soluciones dentro en los escenarios de las Naciones Unidas.

Invitamos a las sociedades, a las organizaciones y a las personas, a ejercer su derecho autónomo, responsable, sensible, cariñoso, de desconectarse del modelo empresarial transnacional, devastador, e inscribirse en el ejercicio de apoyo a lo que es respetuoso con la naturaleza, a lo que refuerza el espíritu comunitario, a lo que siembra y reproduce las libertades, la justicia y la armonía con la naturaleza. El derecho de la naturaleza lo ejercemos todos.

Declaración del Presidente Alberto Acosta

Ramiro Avila – Alegato del Fiscal

  1. CASOS PRESENTADOS
  1. Las lagunas, los ríos, los bosques y las montañas amenazadas por el proyecto Conga contra la minería a cielo abierto (juez Hugo Blanco)

Presentador: Milton Sánchez, Perú

Experto: José de Echave, Perú

Afectada: Viuda Marisol Malki, Perú

El proyecto Conga pretende afectar territorio de la provincia del departamento de Cajamarca, Perú. El Proyecto dice que afectará 4 lagunas de las cuales nacen cinco cuencas hídricas y es desde donde se distribuye el agua para las comunidades, tiene alrededor de 700 manantiales y más de cien captaciones de agua, y es parte de un ecosistema rico en biodiversidad y frágil. En esta zona se ha autorizado la explotación minera basado en un informe de impacto ambiental realizado por el ministerio de minas del gobierno del Perú, que tiene serias observaciones realizadas por el ministerio de ambiente. Conga colinda con territorios de la empresa Yanacocha, que es otra zona minera, y es parte de 16 proyectos mineros, que serán explotados por empresas brasileñas y chinas, con la anuencia del gobierno peruano.

Los guardianes de las lagunas, como se denominan las comunidades que habitan en la zona, están consientes de daño que produce la minería, denuncian que la minería a cielo abierto se realiza sin el ejercicio del derecho a consulta previa de las comunidades y sin atender o escuchar las señales de la naturaleza.

Los demandantes presentan evidencias de que la actividad mineras seca lagunas, desaparece canales de riego, contamina los ríos con mercurio, los ríos se convierten en tubos de plástico, mata ovejas, truchas, genera pobreza, causa heridas profundas en la Madre Naturaleza y genera efectos irreversibles a la naturaleza, incluyendo a los seres humanos. Además, están concientes que no hay autoridad del Estado que pueda escuchar, entender y solucionar este caso.

Solicitan, con estos antecedentes, que se admita el caso.

El Tribunal, resuelve, admitir el caso y decide además nombrar una comisión especial en consulta con los jueces y las juezas peruanas para que visite la zona y recoja información sobre la situación en la zona.

  1. Caso Cordillera del Cóndor contra la explotación minera a cielo abierto (juez Francois Houtart)

 Presentador: Domingo Ankuash, Ecuador

Experto: Luis Corral/ Gloria Chicaiza, Ecuador

Afectada: Narcisa Aucay, Zamora-Ecuador

El Estado Ecuatoriano, el 5 de marzo del 2012, suscribió el contrato de explotación minera a gran escala con la empresa Ecuacorriente, para la explotación y extracción de cobre, a través de la técnica a cielo abierto, en la Cordillera del Cóndor, uno de los ecosistemas mas megadiversos y frágiles del Ecuador. El contrato concedió a la empresa un área de 2895 hectáreas. La cordillera del Cóndor es el hogar de más de 4000 especies de flores vasculares, de 6 especies endémicas vegetales, un bosque en buen estado de conservación y de alta diversidad, de especies endémicas y amenazadas, como anfibios, de los ríos Tundayme y Wawayme que nacen en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor.

El proyecto Cóndor Mirador hace parte de una estrategia global de explotación de los recursos minerales del mundo, por las empresas multinacionales, que compiten entre ellas, utilizando nuevas tecnologías dañinas para la naturaleza y por países emergentes deseados de un crecimiento rápido.

Frente a la concesión y otorgamiento de la licencia ambiental para la fase de explotación del Proyecto Minero “Mirador”, se planteó una acción de protección por los derechos de la naturaleza, y por los derechos a la vida digna y agua de las personas, esta demanda fue rechazada en primera y segunda instancia sin tomar en cuenta ni los argumentos ni el acerbo probatorio entregado por los peticionarios.

Los demandantes presentan pruebas testimoniales y documentales que se incorporan al expediente abierto en la sesión del Tribunal realizado en Quito, el 17 de enero del 2014, estas pruebas revelan que existen daños graves y amenaza de extensión de los mismos por la aprobación del proyecto minero tales como la tendencia a la extinción de especies anfibios y reptiles, la amenaza grave e inminente a la vegetación, a la capa superior del suelo, a los ríos donde se desechará los no utilizado en la extracción todo lo que afectará de las comunidades Shuar que han habitado y cuidado la cordillera del Cóndor.

Las pruebas presentadas revelan cómo el drenaje ácido afectará a los ríos Tanduyme, Wawayme y Quimi, se verán afectados los ecosistemas acuáticos, vida faunística de los ríos e incluso otros animales, como aves, que se alimentan de peces. Situado a la frontera oeste de la Selva Amazónica, el proyecto contribuirá al desequilibrio ambiental que incide en la desaparición progresiva de la selva tropical y de sus funciones regulatorias del ecosistema regional y del clima mundial.

El proyecto Cóndor-Mirador en conjunto a esta lógica general, tiene sin embargo, una dimensión dramática, con el asesinato de José Isidro Tendentza, testigo claro de este tribunal, quien venía a denunciar la deforestación de 500 hec en la zona de despliegue del proyecto minero donde anidaban especies endémicas y el permanente hostigamiento por parte de la empresa minera a campesinos e indígenas que se oponen a vender sus tierra. El Tribunal de Lima se lo de dedicó en su honor.

Después de escuchar el testimonio de personas indígenas Shuar, de personas expertas en el tema y de escuchar el canto de mujeres indígenas, el Tribunal considera que existe una violación y una amenaza grave a los derecho de la naturaleza y de los pueblos indígenas. Considera como responsables al Estado por haber otorgado la licencia ambiental y a la empresa minera por estar provocando los daños enunciados. De igual modo, la función judicial del Ecuador es responsable por no haber cumplido con su deber de garantizar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas.

El tribunal resuelve pedir al Estado ecuatoriano que repare integralmente a la Cordillera del Cóndor, en particular: restaurar las zonas afectadas, conservar la naturaleza, las fuentes de agua, la flora y fauna de la zona, suspender el proyecto minero en la zona, compensar a las personas afectadas, tomar medidas para reconstruir el tejido social roto por la irrupción de las actividades mineras, que se investigue y sancione a los funcionarios públicos que permitieron la explotación minera y que no se repita este tipo de explotación en ninguna zona del Ecuador.

El Tribunal acoge la petición de los demandantes de extender la preocupación al conjunto de la Cordillera del Condor y a otras zonas como es el caso de la cordillera de Toisán (el caso conocido como Intag), y manifiesta que el caso debe ser debidamente documentado y presentado para su conocimiento y consideración.

El tribunal ha tomado nota de agresiones graves contra los defensores de la naturaleza por lo que resuelve además nombrar una comisión especial en consulta con los jueces y las juezas ecuatorianos para que visite la zona y recoja información sobre estas agresiones a defensores de la naturaleza e interponga acciones de protección.

Resuelve además acoger el pedido del juez y llamar al Tribunal desarrollado en Lima, José Tendentza, en honor al luchador indígena Shuar, líder de la resistencia anti-minera, que murió el 2 de diciembre asesinado en Zamora, días antes de viajar al Tribunal para testificar como afectado de la minería por el proyecto Cóndor Mirador.

  1. El mar y los seres vivos del Golfo de México contra la empresa British Petroleum (BP) (jueza Terisa Turner)

 Presentadora Esperanza Martínez, Ecuador

Experto: Miyoko Sakashita (video), Estados Unidos

Afectada: Braulio Gutierrez, México

El 20 de abril de 2010 la plataforma de exploración Deepwater Horizon, que BP arrendaba a la firma suiza Transocean, sufrió una explosión. Dos días después, se hundió la plataforma en el mar y tuvo lugar un derrame que solo pudo ser controlado en agosto de 2010. El petróleo se derramó durante 106 días en el Golfo de México y se calcula que 4,9 millones de barriles se esparcieron en el mar, que equivale a 780 millones de litros de crudo.

El caso fue presentado ante una acción judicial en Ecuador, suscrita por Vandana Shiva, Nnimmo Bassey y otros, por la violación a los derechos de la naturaleza. Los tribunales ecuatorianos no respondieron favorablemente la petición y fue desechada por cuestiones formales.

Las pruebas científicas y documentales presentadas ante este Tribunal permiten emitir una sentencia Tribunal considera que se ha demostrado la existencia de daños graves al mar y a la vida en el Golfo de México: durante el derrame e incendio murieron millares de especies marinas, centenares de aves y peces quedaron extraviadas de sus grupos, se afectaron las crías, los procesos de reproducción de las especies, se han encontrado unos 900 delfines varados muertos o moribundos a partir de 2010 hasta la fecha, los investigadores han encontrado pruebas de que los delfines en la bahía de Barataria de Luisiana sufren de niveles anormales de hormonas, enfermedad pulmonar y anemia, enfermedades relacionadas con la explosión al crudo y a los dispersantes utilizados, cerca de 500 tortugas marinas muertas han sido encontradas anualmente en la zona, el atún rojo y el rabil han mostrado sufrir y presentan latidos irregulares del corazón, BP utilizó bacterias sintéticas que estarían provocando impactos desastrosos sobre los microorganismos, además el petróleo quedó atrapado en las profundidades del océano, cayó al fondo del mar, como una niebla que lentamente se asentó sobre aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados de fondo submarino, el derramé además ha producido efectos en los sistemas termo-reguladores del clima del conjunto del planeta debido a la acción bioquímica y física del derrame en la Corriente del Golfo. Por ser el golfo de México un espacio compartido entre Estados Unidos, Cuba y México, se ha afectado a toda Centroamérica y el Caribe, y considerando que el mar, los vientos, las corrientes marinas, fluyen se ha afectado al conjunto del planeta

El Tribunal resuelve que BP violó los derechos de la naturaleza y de todos los seres que viven en el Golfo México, y ordena que la BP se abstenga de continuar con la exploración petrolera en aguas profundas, que la BP incorpore en los planes de contingencia y reparación medidas efectivas para garantizar los derechos de existencia de la Naturaleza, que estos planes sean entregados para qué se los haga públicos para que los interesados puedan conocerlos y estudiarlos, con la colaboración de científicos y técnicos sobre su pertinencia y suficiencia; que BP destine fondos, no para aumentar su exploración y explotación en aguas profundas, sino en medidas de reparación de los daños que provocó en el golfo tanto por el derrame como por el uso de dispersantes aplicado; que deje represada en el subsuelo una cantidad de crudo equivalente a la derramada en el Golfo; que la BP incorpore en su agenda sobre responsabilidad social empresarial, la promoción de la política de la moratoria de exploraciones petroleras en los mares profundos y de abandono progresivo de las explotaciones marítimas, en general; que entregue y haga pública toda la información que tenga sobre los daños, las técnicas usadas para “limpiar” el desastre, la lista de instituciones científicas y científicos particulares que han sido encargados por esta empresa de realizar estudios, investigaciones o conceptos técnicos en relación con el desastre.

El Tribunal se compromete a hacer una petición a las NNUU para instarla a la creación de un proceso colectivo, multilateral, para evaluar las operaciones en el mar, determinar las moratorias necesarias y las acciones de reparación requeridas.

El Tribunal resalta la creciente campaña internacional para diversificar la inversión fuera de compañías de combustibles fósiles e hidrocarburos (petróleo, gas y carbón) y recomienda a las partes promover la liquidación de la inversión en compañías como BP, por las violaciones a los derechos de la naturaleza por el derrame de petróleo en el Golfo de México, así como para otras compañías responsables por daños.

Finalmente, el Tribunal exhorta a la Corte Constitucional del Ecuador para que, de conformidad con su competencia, revise las acciones de protección de derechos de los jueces inferiores, conozca el caso BP y sienta jurisprudencia universal, considerando que Ecuador y Bolivia son los únicos países del mundo que reconocen a la naturaleza como sujeto de derechos, junto con otras docenas de comunidades locales en EUA, y que reconozcan que como tal, la naturaleza tiene derechos a la restauración y reparación integral.

El Tribunal reconoce que además de las violaciones a los derechos de la naturaleza en el Golfo de México, BO ha generado severos impactos ecológicos en otras partes del mundo que constituyen otras violaciones a los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, el involucramiento de BP en la explotación de las áreas bituminosas en Athabasca en el norte de Albert, Canada requieren una investigación de este orden. Por lo tanto, el Tribunal decide mantenerse atento a abierto sobre casos de explotación de petróleo a nivel global de la empresa BP para siguientes audiencias.

  1. Caso río Xingu y Amazonía contra el megaproyecto Belo Monte (jueza Atossa Soltani)

Presentadora: Leila Salazar, EUA

Afectada: Sônia Guajajara, Brasil

El gobierno de Brasil está ejecutando la construcción de la megarepresa Belo Monte que proveerá 4000 megavatios de energía y que es considerada la tercera represa más grande del mundo. Al momento se encuentra aproximadamente un 50% del proyecto ejecutado. El proyecto inundará 668 kilómetros cuadrados, ha matado 100 kilómetros del río Xingú y ha desviado su cauce natural, afectando a toda la fauna del río y provocando el desplazamiento de aproximadamente 40.000 personas.

Se han presentado acciones judiciales dentro de Brasil que no han tenido efectos. De igual modo, se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fueron concedidas y que el gobierno no acató.

No solo se afectan los derechos de la naturaleza, sino también los de los pueblos indígenas, ligados a los territorios en donde se desarrolla el proyecto. Para la imposición del proyecto se desconoció el derecho a la consulta previa, y peor aún se desconoció la propia existencia de pueblos indígenas. Los pueblos indígenas han perdido su soberanía alimentaria, no pueden pescar porque los peces han decidido irse de la región, los pueblos no tienen agua, los jóvenes están migrando, las empresas constructoras han generado división en la comunidad, procesos de corrupción e imposición de modelos externos que desconocen y violentan a la naturaleza.

Finalmente, denuncian que existen centenas de hidroeléctricas en Brasil que dañan destruyen a la Madre Tierra.

Se solicita la admisión del caso

El Tribunal resuelve aceptar el caso y dispone que se realice una sesión especial para conocer el caso en Brasil.

  1. Caso Cuatro Cuencas amazónicas del Perú contra explotación petrolera (jueza Veronica Mendoza)

Presentador: José Fachín, Perú

Expertos: Alfonso Pérez, Aurelio Chino, Perú

Afectados: 4 madres indígenas, Perú

Los pueblos indígenas del norte de la Amazonía del Perú, que habitan en las cuencas de Pastaza, Tigre, Corrientes, y Marañón, pueblos Quechua, Achuar, Urarinas, Kichwa, Kukamas Kukamirias, han sufrido 43 años de actividad petrolera en sus territorios.

La zona era monte virgen, poblado por manadas de mamíferos, como huanganas, sajinos, sachavacas y venados, y muchas variedades de reptiles. Las cochas y ríos tenían abundantes poblaciones de peces. Los espíritus del bosque cuidaban al monte. Según los testimonios, actualmente es difícil encontrar esos mamíferos, hay peces que ya no se encuentra como antes, como dorado, sábalo, paco, gamitana y otros. Hasta los espíritus han huido. Las quebradas y cochas han quedado secas y muertas. Las algas y plancton y fitoplancton están contaminadas con el alto grado de químicos vertidos. Se han vertido millones de barriles de aguas de formación directamente a los ríos. Estas aguas contienen crudo y metales pesados, y son vertidas a altas temperaturas que afectan la vida acuática.

Son más de 100 comunidades indígenas que han habitado y conservado el lugar las que hoy esta en situación de riesgo extremo, entre 20 y 25 mil personas. Estas comunidades que vivían en armonía con la naturaleza, ahora ven fracturada su soberanía alimentaria, su salud, su vida, sus saberes ancestrales han sido violentamente modificados y se ha roto en muchos casos su relación espiritual con la naturaleza. Como nunca antes, existe prostitución, violencia familiar, abuso de alcohol, niños abandonados.

Se solicita la admisión del caso.

El Tribunal resuelve aceptar el caso y dispone que se realice una sesión especial para conocer el caso en Perú.

  1. Caso amazonía ecuatoriana contra Chevron-Texaco (jueza Blanca Chancoso)

Presentador: Pablo Fajardo, Ecuador

Experto: Julio Prieto, Ecuador

Afectados: Ivonne Macías; Bartolo Ushigua, Ecuador

El 5 de febrero de 1964 la Junta Militar que gobernaba Ecuador entregó una concesión de más de 1’400.000 hectáreas al consorcio Texaco-Gulf para que explore y extraiga petróleo de la Amazonía Ecuatoriana. Aunque el área de concesión fue reducida en los sucesivos contratos que se firmaron, el área intervenida por Texaco supera las 400 mil hectáreas (Concesión 1973), comprendidas dentro de las provincias de Orellana y Sucumbíos.

Luego del juicio por daños ambientales ha quedado comprobado (en sentencia ejecutoriada) que dentro de estos límites la empresa Texaco perforó más de 350 pozos y excavó cerca de 1000 fosas que utilizó como “piscinas” para depositar los materiales tóxicos utilizados durante la perforación (lodos de perforación), así como las aguas de formación y otros residuos de su industria.

En aquella época la zona se encontraba habitada por las nacionalidades Secoya, Sionas, Waorani, Shuar, Kichwa, Cofán y Tetete. El pueblo Cofán fue reducido de 5 mil habitantes a menos de 800, que fueron desplazados de sus tierras, mientras que el pueblo Tetete fue exterminado por completo. Estos habitantes originarios de la Amazonía ecuatoriana se caracterizan por tener una relación armoniosa con su entorno, cubren sus necesidades en permanente diálogo con la naturaleza y sin romper su equilibrio.

La zona en la que operó Texaco se caracterizaba por tener una alta biodiversidad y abundantes recursos para los habitantes amazónicos. Gracias a este entorno y a su relación con el mismo, las personas que lo habitaban no conocían necesidades ni pobreza porque tenían de la selva todo lo que necesitaban: la selva proveía alimento, bebida, refugio, hacía las veces de escuela, templo, biblioteca y farmacia. Tampoco conocían de enfermedades como el cáncer. Para demostrar esta particular riqueza también podemos apoyarnos en los testimonios de quienes vivieron este cambio y en la misma literatura descrita anteriormente.

El día 3 de noviembre de 1993 casi 30.000 ecuatorianos, entre indígenas y colonos, afectados por la contaminación dejada por Texaco en sus territorios, presentaron un reclamo judicial en New York. El 16 de agosto de 2002, la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de New York, ordenó que el caso sea trasladado a la jurisdicción ecuatoriana, a la cual Chevron se comprometió a someterse. El 07 de mayo del 2003, los afectados por las operaciones de Texaco, iniciaron las acciones legales contra la petrolera en la Corte Superior de Justicia de Sucumbíos. Luego de 10 años de litigio ante las Cortes ecuatorianas, Chevron Texaco fue sentenciada a reparar y compensar por los daños ocasionados. Chevron se niega a reconocer la sentencia en su contra, y en su lugar ha decidido ha decidido utilizar sus recursos para perseguir a sus víctimas.

Específicamente hablando de los derechos de la naturaleza, podemos afirmar que el derecho a la existencia (y por ende la restauración) integral de la naturaleza, se ve vulnerado por la presencia de daños ambientales que no han sido reparados debido a la negativa de Chevron a cumplir su condena.

El Tribunal después de analizar la evidencia presentada resuelve condenar a la empresa Chevron por haber usado una tecnología que conocía era inadecuada, por los daños irreversibles ocasionados a la selva amazónica y por la violación a los derechos de la naturaleza. Ordena que la empresa cumpla con lo dispuesto por las cortes ecuatorianas y proceda a la reparación integral de la zona intervenida.

El Tribunal considera que el Estado ecuatoriano es responsable al haber permitido la explotación petrolera, haber actuado negligentemente y no haber controlado oportunamente las actividades de la petrolera.

De igual modo, considera que el Señor John Watson es responsable por violación a los derechos de la naturaleza por impedir la ejecución de la sentencia de las cortes ecuatorianas.

El Tribunal se compromete a remitir el expediente de este caso a las NNUU para contribuir al desarrollo de la declaración para impedir la impunidad de las transnacionales, conminándoles a incorporar en la misma a la naturaleza como sujeta de derechos así como a la Corte Penal Internacional de la Haya en donde se encuentra en proceso presentado por los afectados de las operaciones de Chevron Texaco demandando que incorpore una reflexión sobre el ecocidio

  1. La amazonía de Bagua en contra las actividades extractivas mineras y petroleras (jueza Rocío Silva Santiesteban)

Presentador: Ismael Vega, Peú

Experto: Miguel Jugo, Perú

Afectados: Zebelio Kayap, Santiago Manuin (video), Perú

El 5 de junio del 2009, las fuerzas de seguridad peruanas atacaron a varias centenas de indígenas Awajun y Wampis quienes estaban protestando, incluyendo a mujeres y niños, quienes estaban bloqueando la “Curva del Diablo”, una carretera amazónica cerca de Bagua, 965 kilómetros al norte de Lima. Los protestantes demandaban la revocatoria de los decretos que permitían el nuevo acceso para explotar las tierras amazónicas, tanto en busca de petróleo, gas y madera, ejecutado por la ley peruana en el marco del tratado de libre comercio. Se detalla más sobre esta masacre en el segmento de Defensores de la Tierra de este veredicto.

En el territorio de los pueblos Awajun y Wampis, en dos áreas protegidas, Santiago Comaina y Reserva Comunal Tuntanain, ubicadas en la región amazónica del Perú, existen proyectos extractivos, mineros y petroleros, ejecutados por la empresa canadiense Afrodita y por la empresa Maurel et Prom-Pacific Rubiales Energy, ha perforado pozos exploratorios, han construido campamentos, han construido helipuerto y una poza de quema. Según el estudio de impacto ambiental aprobado, se generarán 126 toneladas de residuos, de los cuales 26 son peligrosos por su alta toxicidad, además se prevé depositar 10.601 barriles con metales pesados.

Los pueblos indígenas amazónicos, Awajun y Wampis, que tienen una vinculación cultural con la tierra, de la que se deriva su identidad y su sobrevivencia, han realizado varias movilizaciones para reclamar sus derechos pidiendo que se deroguen los decretos y normas que permiten la explotación extractiva por considerar que se realizaron sin consulta previa y afectando a su integridad territorial.

En relación a la contaminación del agua, se generarán 120 barriles diarios de aguas residuales domésticas y 220 barriles diarios de aguas residuales industriales. En cuanto al suelo, se removieron 70,000 metros cúbicos de tierra para la construcción de la plataforma, deforestaron, contaminan el agua que destruye colpas (centros donde se reúnen animales para beber y alimentarse) y los ruidos de la maquinaria y helicópteros ahuyenta la fauna silvestre afectando directamente la práctica de la caza y la pesca.

Solicitan la admisión del caso.

El Tribunal resuelve admitir el caso y dispone que el caso se conozca en una sesión a realizarse en Perú.

  1. Caso subsuelo de la Madre Tierra, ecosistemas y comunidades contra la fractura hidráulica (juez Tom Goldtooth)

Presentadora: Shannon Biggs, EUA

Experto: Martin Vilela, Fabrizio Oscahayta, Bolivia

Afectados: Casey Camp, Ponca – EUA

La fractura hidráulica, que se llamará “fracking” en este veredicto, es un proceso destructivo utilizado por las empresas para extraer gas natural y petróleo de la roca que se encuentra bajo tierra. El proceso consiste en la perforación de un pozo profundo y la inyección de millones de litros de fluido tóxico para provocar la fractura. Este líquido es una mezcla de agua, arena y productos químicos inyectados a alta presión que fractura la roca y libera el petróleo o el gas. La presentación se hizo citando los más de 600 productos químicos tóxicos que se utilizan en el proceso de fracking.

La presentación del caso estuvo a cargo de la Sra. Shannon Biggs, sobre el desarrollo de fracking en el norte de Dakota. Esta información fue preparada por la Sra. Kandi Mossett (ausente-video), un activista ambiental indígena y miembro de la comunidad tribal-nación de una de las Tres Tribus Afiliadas de Mandan de Fort Berthold, Hidatsa, Arikara en el Estado de Dakota del Norte en los Estados Unidos. Los datos proporcionados evidencian la extracción de aproximadamente 300.000 barriles de gas natural por día y más de 800 mil barriles de crudo al día extraídos de los territorios de la comunidad indígena y dentro de los campos de petróleo Bakken de Dakota del Norte. Muchas fracturas se producen dentro de los 200 metros de profundidad bajo las casas, las escuelas, las tierras federales y en las zonas pobladas.

El fracking requiere grandes cantidades de agua dulce con el fin de extraer gas natural de la tierra. Cada pozo de fracking requiere entre 2 y 8 millones de galones de agua. El acceso al agua limpia a menudo se convierte en un problema de salud pública y en una violación al derecho humano al agua potable fresca. Una vez más, que el agua se mezcla con arena y productos químicos tóxicos, pero también incluye hidrocarburos, radón radiactivo, biocidas e incluye más de 100 disruptores endocrinos y carcinógenos sospechosos. Se dio testimonio de que grandes cantidades de aguas residuales de fracking y el agua que se escapa de los pozos fracking están contaminando las fuentes subterráneas de agua y corrientes superficiales, lagos y ríos. Sólo en los Estados Unidos, alrededor de 100 billones de galones de agua y 400 millones de galones de “fluidos de fracking”, como se mencionó anteriormente está contaminada con ningún proceso estable o técnica para el tratamiento de esta agua. En el yacimiento de petróleo de Estados Unidos Bakken, las instalaciones de tratamiento de agua no están equipadas con equipo especializado, que es muy costoso, aunque hubo un proceso certificado para “limpiar estas aguas residuales.” A medida que el mundo se enfrenta a una crisis mundial del agua con la sequía de los acuíferos y el derretimiento de los glaciares, el fracking presenta una amenaza adicional al suministro mundial de agua dulce. En los EUA, el fracking hidráulico se ha eximido de las principales leyes estatales como es la Ley de Protección Ambiental (EPA), que incluye la Ley de Agua Potable Segura de Estados Unidos. Esto es alarmante porque hay muchos derrames y fugas.

La arena utilizada en el proceso de fracking incluye polvo de sílice, que se derrama de los sitios de fractura hidráulica y a la atmósfera en grandes nubes. Una reciente revisión de los impactos en la salud pública por la perforación y fel fracking señala que estas nubes de polvo de sílice se han asociado a la tuberculosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal y la enfermedad autoinmune.

El fracking también está vinculado a la contaminación del aire y la contaminación de la atmósfera. El fracking libera dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno, metano, benceno, monóxido de carbono y otros contaminantes peligrosos en el aire donde humana, los animales, las aves, los peces y las comunidades de la naturaleza viven. En el veredicto, Tribunal toma nota y reconoce que el gas natural contiene metano, un gas de efecto invernadero muy potente (GEI). Cuando un pozo se fractura, existen fugas de metano desde el sitio del pozo, desde las estaciones de compresión, e incluso desde las grietas y fisuras en la tierra que van a la atmósfera, lo que agrava el cambio climático. El Tribunal cita una evaluación del 2014 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que informó que el metano de las trampas de perforación y del fracking secuestra 87 veces más calor que el dióxido de carbono, durante un período de 20 años. En los EUA, el fracking es promovido como una fuente menos sucia de provisión de combustibles fósiles y como una solución al cambio climático. Pero la evidencia muestra que puede empeorar el cambio climático.

Las presentaciones citaron que en el fracking, 2/3 de los productos químicos tóxicos permanecen en el suelo; millones de galones de desechos tóxicos no pueden ser procesados y se liberan en el ambiente. En el estado norteamericano de Colorado solamente, existen 51.000 operaciones de fracking en cuatro años para la perforación de gas y de petróleo. Los pozos producen metano, que es un gas de efecto invernadero que es 21 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Las sustancias que produce el fracking causan asma, cáncer y enfermedades graves. Se estima que la actividad emite más de 60 toneladas de gas metano.

Además, se demostró que la técnica de fracking causa terremotos. La Sra. Casey Camp, de Estados Unidos, abuela, actriz, y activista por la justicia ambiental indígena y los derechos indígenas, presentó un testimonio conmovedor sobre el dolor que causa el “fracturar el esqueleto de la Madre Tierra”, mal que está sucediendo en su tierra natal y en muchas comunidades indígenas a través de los EE.UU. Su propia comunidad tribal -600 miembros Ponca- en el estado norteamericano de Oklahoma están enterrando a un familiar por semana por la muerte por cáncer y otras enfermedades. Ella habló de manera muy conmovedora acerca de los terremotos frecuentes que ha sentido en los últimos años en una zona que nunca había sentido un terremotos antes del fracking. El temblor es aún más duro con los profundos sentimientos que significan la pérdida personal y el impacto destructivo de las industrias extractivas en todas sus relaciones.

En un vídeo, la Sra. Kandi Mossett habló emotivamente de la toxicidad del aire, suelo y agua introducida por el fracking dentro del campo de petróleo Bakken, en su tierra natal. Las llamaradas perpetuas de metano que se queman son tan numerosas que se pueden ver desde el espacio. La Sra. Mossett también habló del impacto social devastador de grandes campamentos y el tráfico de equipo pesado. Los campamentos que vienen con el desarrollo del fracking de petróleo y gas, en estas áreas rurales remotas han causado la trata de mujeres y niñas, y a la delincuencia. Los delitos de drogas en el este de Montana han aumentado 172 por ciento. Los asaltos en la ciudad de Dickinson, Dakota del Norte, son de hasta 300 por ciento. Se hizo referencia de la relación del desarrollo fracking como una forma de violencia contra las mujeres, y cómo el fracking es visto por muchos pueblos indígenas como una forma de violencia contra la Madre Tierra.

El desarrollo del fracking está aumentando en todo el mundo. Las presentaciones demostraron la expansión del fracking en muchas regiones del mundo. Se citó que en los EUA, un país que se enorgullece de la legislación de protección del ambiente y los derechos humanos, tiene una muy pobre regulación para la industria del fracking a pesar de las evidencias de violaciones a los derechos humanos y a la justicia ambiental. La pregunta es ¿cómo pueden otros países en desarrollo que carecen de leyes de protección ambiental, tener buenas regulaciones y prevenir el daño humano, los daños ambientales y la destrucción de los ecosistemas y de la Naturaleza?

A nivel regional en América Latina, Martin Vilela y Fabrizio Oscahayta de Bolivia habló de las amenazas de los planes fracking agresivos propuestos en su país. Los demandantes solicitaron al Tribunal, mantener el caso abierto a más pruebas sobre el uso de esta técnica en países como Argentina, con el fin de evaluar el impacto global de esta técnica que fractura el esqueleto de la Madre Tierra y es la demostración de otros abusos contra la Naturaleza.

El Tribunal afirma que hay evidencia de que la industria del fracking, a nivel mundial ha causado múltiples lesiones a la madre tierra, el subsuelo, el agua, los ecosistemas y la naturaleza. El juez del caso solicita al Tribunal suspender una decisión final con el fin de recibir más información sobre el fracking y la identificación de violaciones globales de sus prácticas y procesos sobre los derechos de carácter industrial en una próxima audiencia. El Tribunal pidió más consultas con científicos y testimonios basados en el lugar de las comunidades directamente afectadas por este desarrollo para recopilar más información sobre el alcance y la magnitud de los daños del fracking. Estos documentos se transmitirán al secretario general de la ONU para su conocimiento en el marco del programa de Armonía con la Naturaleza.

  1. Caso La Madre Tierra contra el cambio climático producido por actividades humanas (jueces Edgardo Lander and Osprey Orielle Lake)

Presentador: Pablo Solón, Bolivia

Expertos: Silvia Ribeiro, México; Mary Lou Malig, Filipinas

Afectados: Nnimmo Bassey, Nigeria; Genevieve Azam, Francia

Desde 1950, el desarrollo de la industria de los combustibles fósiles y el cambio del uso del suelo han causado el aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero y de los aerosoles de manera dramática, y por consecuencia el aumento de la temperatura global. Antes de 1950, los niveles de CO2 fluctuaban entre 180 y 210 partes por millón (ppm). El consumo de combustibles fósiles ha liberado aproximadamente 1.5 trillones de toneladas métricas de dióxido de carbono desde 1951, 1 billón de los cuales permanece en la atmósfera no absorbidas por los océanos o la fauna. Como resultado, las últimas tres décadas han sido, sucesivamente, más calientes que todas las décadas históricas anteriores, con el período 2000-2010 se registraron las temperaturas más altas. En 2013, los científicos registraron 400 partes por millón de CO2, el más alto nivel de dióxido de carbono en la atmósfera de la tierra en 3 millones de años. Este nivel corresponde a 3.112 gigatoneladas de CO2, de las que los seres humanos han añadido 937 gigatoneladas (al nivel promedio natural de 2185). La actividad humana elevó la temperatura global de 0,85 ° C (1,53 ° F) de 1880-2012, y la temperatura media sigue en ascenso.

Modelos climáticos conservadores muestran que para evitar el cambio climático global drástico que amenace la vida, el aumento de la temperatura debe mantenerse por debajo de 2 ° Celsius. Esto significa que la humanidad sólo puede permitirse el lujo de emitir un máximo de 565 gigatoneladas de CO2.

El aumento de la temperatura global crea la desertificación, la degradación de los bosques, el aumento del nivel del mar y los cambios en el ciclo del agua. Estos cambios perjudiciales para los ecosistemas son una violación de los derechos de la naturaleza y afectan la capacidad de regeneración y la integridad de los ciclos de vida. La evidencia ha demostrado que con sólo un aumento de 2 grados en la temperatura media global de la tierra, un tercio de la de los animales y más de la mitad de las especies de plantas se extinguirán.

El Tribunal escuchó la evidencia científica y testimonial sobre la relación de las industrias, en particular la industria petrolera con el cambio climático.

Uno de los testimonios se centró en África, donde un aumento en la extracción de petróleo para combustible está causando una alarmante destrucción de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, en la región Ogoni, toda el agua ha sido contaminada tres veces más que los estándares permisibles y la contaminación de los derrames de petróleo alcanza una profundidad de cinco metros en algunos lugares. La contaminación también causa impactos a la salud humana y a las formas tradicionales de subsistencia de las comunidades locales.

Por cada grado de aumento de la temperatura, África experimentará el doble del nivel de este aumento de la temperatura. Algunos de los impactos sociales del cambio climático en Ogoni ya incluyen: la reubicación de 6.000 personas en los últimos seis meses y 300 muertes por la escasez de alimentos y agua.

África está experimentando sequías extremas que alimentan los conflictos por el acceso a la tierra y el agua. El Lago Chad, por ejemplo, se ha secado y con ello provocó la muerte de los ecosistemas naturales y, en consecuencia, un impacto a la población local que dependen del Lago. Si esto sigue así, en 2030 la zona verá un aumento dramático en los conflictos sociales y ambientales.

Otro testimonio reveló que la geoingeniería es un conjunto de actividades que generan la manipulación del tiempo. Las tecnologías incluyen la siembra de nubes para manipular los patrones climáticos naturales sobre las montañas y desiertos.

CCS (Carbon Capture & Storage) es una de las tecnologías de geoingeniería elaboradas y aplicadas por la industria petrolera como una forma de recuperar las reservas de petróleo. Esta tecnología tiene como objetivo captar el dióxido de carbono emitido por las grandes empresas mineras, luego se mezcla con agua y se inyecta el material en formaciones geológicas profundas. Estas actividades pueden resultar en fugas en el océano, lo que creará la acidificación; en el aire, lo que puede ser letal para la vida humana y animal; y en los acuíferos profundos, que contaminarán las fuentes de agua. Además, la propuesta es utilizar CCS vender el secuestro de carbono en el mercado, lo que es doblemente destructiva y sin embargo terriblemente lucrativo para las empresas.

El Tribunal reconoce los grandes riesgos de mega proyectos a gran escala de la geoingeniería, que puede afectar a todo el planeta y que son irreversibles. El planeta es un conjunto de ecosistemas interconectados, un ente viviente global y no bien comprendido. El Tribunal no está de acuerdo con la geoingeniería en que se busca disminuir la temperatura en la tierra sin abordar las causas fundamentales del cambio climático.

Los solicitantes proponen que se exija a los gobiernos el tomar posiciones y reducir las emisiones, con el objetivo de dejar en el suelo tres cuartas partes de las reservas conocidas de petróleo. Se propone la prohibición de la geoingeniería porque interfiere con la integridad de la Madre Tierra. Debemos rechazar los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que viene de tecnologías de alto riesgo – como la geoingeniería y la energía nuclear.

Las falsas soluciones no van a resolver la crisis climática.

Los presentadores del caso de cambio climático han planteado argumentos bien fundamentados de que muchos de los derechos mencionados en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, de hecho, han sido violados.

El Tribunal resuelve aceptar nuevas pruebas adicionales para este caso, que fue presentado originalmente al primer Tribunal enero 2014 en Ecuador. El Tribunal mantendrá abierto el caso para recoger más evidencia que será presentada en una nueva audiencia en París 2015.

También rechaza todas las acciones que implican el desplazamiento de la agricultura campesina y las falsas soluciones y se recomienda que la evidencia científica presentada en el Tribunal respecto de la geoingeniería se presente también a los órganos pertinentes de las Naciones Unidas con el fin de tener en cuenta en los procesos de trabajo que se relacionan con el grupo de trabajo Armonía con la Naturaleza.

  1. Caso aire y bosques contra REDD+ (juez Tom Goldtooth)

Presentadora: Ivonne Yanez, Ecuador

Expertos: Cassandra Smithie, EUA, Isis Álvarez, Colombia

Afectados: Johny Buitrago, bribri-Costa Rica; Ruth Nyambura, Kenya, Ninawá, Brasil

REDD+, o la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, es una iniciativa de Naciones Unidas creada con el objetivo supuesto de reducir las emisiones de CO2 debidas a la deforestación y degradación de bosques.

REDD ha sido descrito por los presentadores ante este Tribunal como el pilar de la “Economía Verde” que es en si mismo el pilar de la comercialización de la naturaleza. REDD ofrece programas de incentivos para personas o comunidades, que poseen bosques, áreas de vegetación poseedoras “carbono almacenado”.

Se somete este caso al Tribunal el cual rechaza REDD. Los proyectos REDD violan inherentemente la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Los derechos de la Naturaleza, o de la Madre Tierra son intrínsecos. Los derechos de la Naturaleza ya existen y es ilegítimo que cualquier ley humana niegue esos derechos fundamentales.

Artículo 1. ( de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra)

(6) Así como los seres humanos tienen derechos humanos, todos los demás seres de la Madre Tierra también tienen derechos que son específicos a su condición y apropiados para su rol y función dentro de las comunidades en los cuales existen.

Los proyectos REDD restringen el movimiento y uso de zonas forestales. Los proyectos REDD tienen y son la causa de la expulsión de comunidades locales. La presentación del caso de Sengwer demuestra que los pueblos indígenas de Kenya están experimentando masivos desplazamientos y son formados a trasladarse de territorio. Ellos son unos de los pocos cazadores-recolectores del mundo y les están expulsando de sus tierras ancestrales.

Cuando las restricciones gubernamentales se aplican a través de los proyectos REDD, esto viola los “roles y funciones de las comunidades en los que ella existe.” En otras palabras, los riles y funciones del área se relega a una simple ecuación, a una compensación , que no es ni el rol ni la función del ecosistema.

  1. La Madre Tierra y todos los seres que la componen tienen los siguientes derechos inherentes:

(d). Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados

Hay una inseparable relación entre los seres humanos y la Tierra. La Tierra y la Naturaleza tienen derechos intrínsecos que deben ser reconocidos por el bien de las futuras generaciones y de la humanidad en su conjunto. Así como históricamente se usaba la Doctrina del Descubrimiento para justificar la primera ola del colonialismo alegando que los pueblos indígenas no tenían alma, y que los territorios indígenas era “terra nullius”, tierra de nadie, ahora el comercio de carbono y REDD se inventan premisas igualmente deshonestas para justificar esta nueva ola de colonización y privatización de la naturaleza. La Madre Tierra, y su creación, toda la Vida, la Naturaleza y la biodiversidad son fuente de vida que debe ser protegida, sujeta de derechos, no un recurso que debe ser explotado y mercantilizado como ‘capital natural’.

Herman Daly, el padre de la economía ecológica, una vez dijo “Hay algo fundamentalmente erróneo al tratar a la Tierra como un negocio en liquidación.”

El carbono secuestrado en la Naturaleza, en los procesos de fotosíntesis de los bosques, forman partes de esos seres que tienen derechos. El carbono y los árboles tienen derechos, no deben ser usados como una mercancía. Esta mercantilización es una forma retorcida de comercializar algo que no puede ser monetizado. También se utiliza para justificar más contaminación. Se pone un precio a la naturaleza y al aire, y viola sus derechos, su “identidad y su integridad como un ente que se auto-regula y se relaciona de manera distinta.”

Del mismo modo que los pueblos indígenas de Costa Rica han testificado sobre el proyecto REDD, la comunidad indígena Bribri tribal no ha sido consultada ni incluida en la implementación del proyecto REDD. Esto plantea las preguntas de “¿Cuál es el mecanismo gubernamental que reconoce los derechos a la consulta de la Naturaleza, de la Madre Tierra?”

En el apartado L de la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra se plantea:

(l) promover sistemas económicos en armonía con la Madre Tierra y acordes a los derechos reconocidos en esta Declaración.

La historia ha sido testigo de la mercantilización de la tierra, de los alimentos, del trabajo, de los bosques, del agua, de los genes y de las ideas y ha privatizado el conocimiento tradicional. El comercio del carbono sigue esta historia mediante el uso de un sistema económico corrupto y desequilibrado que convierte el carácter sagrado de la Madre Tierra en una máquina de reciclar carbono resultando “propiedad” que se compra y se vende en el mercado bursátil mundial. A través de este proceso de creación de una nueva mercancía – el carbono – la capacidad de la Madre Tierra para tener un clima propicio para la vida y las sociedades humanas se pone en las mismas manos de las empresas que están destruyendo el clima y la Tierra.

Se ha proporcionado el testimonio diciendo que REDD, su implementación y sus operaciones están cometiendo un crimen contra la humanidad y la Madre Tierra, lo que resulta en Eco-cidio y Terra-cidio. Representantes de la comunidad han pedido no sólo por la justicia para su pueblo, pero la justicia de la Madre Tierra.

Y, como el líder indígena Jefe Ninewa de ACCRE, Brasil, dice, “Nuestra Madre Tierra no debería estar a la venta!”

REDD requiere que este Tribunal examine el vínculo del capitalismo con los regímenes jurídicos de los derechos de propiedad; sus raíces basadas en los principios de dominación; su aplicación en base a la neoliberalización de la Naturaleza y de la privatización de la Naturaleza. Es un fenómeno global que está siendo impuesto a las comunidades en todo el mundo. REDD es un crimen contra la humanidad y la Madre Tierra.

Este Tribunal reconocer la realidad de la criminalización y amenazas de daño que se viven los miembros de comunidades locales que se resisten a REDD, que tratan de buscar información creíble sobre todos los riesgos de REDD, y que sólo tratan de reconocer los principios del consentimiento libre, previo e informado, llamado CLPI. La CLPI también se reserva el derecho de las comunidades a decir no a REDD. Este Tribunal busca garantizar los derechos humanos de los presentadores que ser protegidas que sólo ejercen su libre derecho a hablar. Por cualquier tipo de represalia gubernamental contra los testigos que vienen a este Tribunal, este Tribunal comunicará al Relator de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales pertinente de derechos humanos para tomar las medidas adecuadas.

Las consecuencias de REDD nos recuerdan sobre nuestros deberes y responsabilidades como humanidad para reconocer los ciclos de vida de la Madre Tierra – de la naturaleza y del Padre Cielo.

Los demandantes solicitaron al Tribunal que admitir el caso y rechazar REDD. Denuncian como empresas petroleras limpian sus emisiones con proyectos REDD como los casos de Chevron en Brasil, BP en Bolivia y Shell en Indonesia, empresas responsables de ecocidio en países como Ecuador, el Golfo de México o Nigeria.

El Tribunal admite el caso y se propone poner en marcha un proceso para el estudio continuo y la presentación de más evidencias del caso al siguiente Tribunal que se propone para el 2015 en París. El Tribunal recomienda la programación y organización de los Tribunales regionales sobre REDD y los mercados de carbono en América Latina y África. Este Tribunal debe apoyar la planificación de estos Tribunales regionales para llevar su articulación y recomendaciones a París en 2015.

  1. Caso del Arrecife de Australia contra las actividades humanas que le afectan (jueza Tantoo Cardinal)

Presentadora: Michelle Maloney (video), Erin Fitz-Henry, Australia

Expertos: Glen Holmes, Brenden Mackey, (video) Australia

Afectados: Sam Watson, Larissa Waters (video), Australia

La Australian Alliance Earth Laws Alliance presentó la solicitud para el caso de la Gran Barrera de Coral al Tribunal en Quito en enero de 2014. En octubre 2014 un tribunal regional en Australia presentó información actualizada sobre el estado de los arrecifes. Se presentaron pruebas en esta audiencia para demostrar daños significativos a la Gran Barrera de Coral, como resultado de las actividades humanas. Cormac Cullinan, juez que argumentó el caso en Quito, señaló:

La Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, establece la obligación general de cada ser humano como responsable de respetar y vivir en armonía con la Madre Tierra, y de cada ser humano y cada institución pública y privada con la obligación de actuar de conformidad con los derechos y obligaciones reconocidos en la Declaración. También hay deberes específicos mencionados en la Declaración Universal que son relevantes para este caso. Por ejemplo, se afirma que los Estados y las instituciones públicas y privadas deben establecer medidas de precaución y restricción para prevenir las actividades humanas de causar la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la destrucción de los ciclos ecológicos. En este caso, está claro que algunas de las instituciones, al igual que los gobiernos federal y estatal tenían la obligación de evitar la destrucción de la Gran Barrera de Coral. También existe el deber de garantizar que la búsqueda del bienestar humano contribuya al bienestar de la Madre Tierra, ahora y en el futuro. La evidencia presentada sugiere que la explotación de estas reservas de coral no contribuirá al bienestar presente y futuro de la Madre Tierra.

También hubo pruebas específicas relacionadas a la violación de los siguientes derechos: el derecho a estar libres de contaminación y los residuos tóxicos o radiactivos; el derecho a la salud integral, por ejemplo, la salud del arrecife está siendo afectada, así como la salud de los peces y de otros seres; y el derecho de existir de cada ser. También escuchamos evidencia de la destrucción del ecosistema de Coral, que es potencialmente una violación del derecho a continuar con los ciclos vitales y procesos naturales del Arrecife de Coral, libre de perturbaciones humanas.

El océano cubre el 71 por ciento de la superficie de la Tierra y contiene 97 por ciento del agua del planeta. Nuestro océano global es un único sistema interconectado. Dado que los adultos humanos se constituyen en un 65% de agua, los seres humanos están profundamente conectados con los océanos y los sistemas de agua. Los seres humanos están cambiando las propiedades químicas fundamentales del océano debido a las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera y las actividades destructivas como las que ocurren alrededor de la Gran Barrera de Coral. El océano está absorbiendo tanto carbono que el nivel de PH se está reduciendo. El océano es un 30% más ácido hoy de lo que fue antes que los humanos comenzaran a quemar combustibles fósiles y más acidificación de que lo ha tenido el océano en aproximadamente 55 millones de años. La vida del océano vida necesita calcio – conchas, corales, el plancton, las ballenas y otros – y todos están siendo afectados. Debido a que más dióxido de carbono es absorbido por nuestro océano, los arrecifes se están corroyendo, las conchas son cada vez más delgadas y, con el tiempo, la vida marina no es capaz de crear shell. Las predicciones científicas dicen que podría ser dentro de 50 años, los arrecifes de coral como un ecosistema global se extinguirán porque no pueden regenerar sus estructuras de carbonato de calcio debido al aumento de las temperaturas.

La Gran Barrera de Coral es de arrecife más grande del mundo. El arrecife se extiende por 2.300 kilómetros. Incluye 9.000 islas tropicales en una superficie de 344.400 km2. Es el hogar de 1.625 especies de peces, 600 tipos de corales, 133 especies de tiburones, 30 especies de ballenas y delfines, y 3.000 especies de moluscos.

En 1981, la UNESCO declaró el arrecife uno de los 19 lugares del Patrimonio Mundial. En junio de 2011, la UNESCO lanzó una advertencia al gobierno australiano sobre las amenazas a la vida de la Gran Barrera de Coral. Entre las amenazas señaladas son los impactos de 1,99 millones de turistas al año, los daños causados por miles de barcos de carga a través de los puertos de la costa norte de Australia, por sedimentos agitados en la construcción de nuevos puertos y por la extracción de carbón en Australia (50,8 millones carbón por año). UNESCO hizo 14 recomendaciones al Gobierno de Australia, que no han sido abordados hasta la fecha.

Los daños documentados incluyen: la contaminación marina, la muerte y el desplazamiento de los peces, la acidificación de coral, el impacto de los medios de vida y la salud de más de 50 comunidades indígenas que viven fuera de la mar y en armonía con los corales, cuyos miembros están sufriendo problemas de salud. También se ha sabido se está afectando la saludo de los delfines y tortugas. Se estima que se ha perdido un 48% del coral. Si las actividades humanas destructivas continúan, el arrecife muere junto con la vida marina que esta sostiene y el impacto afectará a los pueblos indígenas.

El Tribunal, escuchó el testimonio y la evidencia analizada, resolvió:

  1. Condenar al Gobierno de Australia por violaciones a los derechos de los arrecifes para mantener sus ciclos vitales y capacidad para cumplir su potencial natural,
  2. Demandar a las autoridades de Australia, tanto al gobierno de Queensland y al gobierno federal para controlar eficazmente las actividades humanas en la zona, en particular:
    a) reducir la tierra contaminación marina de la agricultura, residuos industriales, el desarrollo urbano, etc.
    b) el turismo debe ser sensible a la protección y a la salud de los arrecifes,
    c) abstenerse de la construcción y ampliación de más puertos que los existentes,
    d) prohibir el paso de la navegación a través de las zonas sensibles del arrecife y,
    e) comprometerse a la completa restauración de los arrecifes, y

3) Una petición al gobierno de Australia para cumplir plenamente con las recomendaciones formuladas por la UNESCO.

El Tribunal considera la condición de los arrecifes y las actividades a lo largo de la costa de Queensland y el norte de Australia como una emergencia que tiene impactos globales y que requiere medidas urgentes. Dispone que el gobierno de Australia cumpla a cabalidad las sugerencias realizadas por la UNESCO.

  1. Caso del Parque Nacional Yasuní contra las actividades petroleras (juez Raul Prada)

Presentadora: Gabriela Ruales, Ecuador

Expertos: Elena Galvez, México

Afectados: Alicia Cahuiya, Waorani-Ecuador

El caso Yasuní fue admitido en enero de 2014 y tuvo dos sesiones adicionales, en marzo y en agosto de 2014, en las que se recibieron pruebas. En la resolución de agosto del 2014, el Tribunal condenó a Ecuador por violación a los derechos de la naturaleza y pidió al Estado ecuatoriano detener toda actividad extractiva en la zona conocida como ITT (por el nombre de los yacimientos localizados allí). Además, el Tribunal dispuso que se nombre una comisión para que informe sobre las actividades tendientes a la explotación del parque por parte del gobierno del Ecuador.

El Tribunal escuchó a representantes del movimiento Yasunidos y conoció sobre lo que está sucediendo en el Parque Nacional Yasuní con las operaciones petroleras autorizadas con un estudio ambiental mediocre que desconoce los derechos de la naturaleza y los impactos de la actividad sobre los diferentes ecosistemas; denuncia la violación a su derecho a llamar a una consulta popular por iniciativa popular, con un fraude electoral, el mismo ha sido presentado ante la CIDH; denuncia las agresiones a su derecho a la asociación, libre tránsito y expresión al intentar impedir su traslado a este Tribunal con recursos de hostigamiento y acoso.

El Tribunal escuchó el testimonio de Alicia Cahuiya, mujer waorani, que habló sobre las consecuencias de la explotación petrolera en el conflicto de los pueblos waoranis contactados con occidente con los pueblos indígenas que viven aislamiento. Desde hace algunos años, los pueblos se han atacado mutuamente. Recientemente, los Taromenane dieron muerte a dos personas waoranis contactados, Ompure y Buganey. Los familiares, como es parte de la tradición, a su vez, mataron a algunos miembros del pueblo Taromenane, posiblemente a más de 20 personas y con armas de fuego. Se espera que este círculo de muerte continúe. La justicia ordinaria intervino y resolvió que no había infracción por no haberse encontrado los cadáveres. Solicitó al Tribunal que inste a que las nacionalidades indígenas del Ecuador asuman la competencia para realizar justicia indígena junto con los waoranis.

El Tribunal resuelve instar a las nacionalidades indígenas del Ecuador para que, haciendo uso de la facultad de resolver conflictos indígenas, practique la justicia indígena y resuelva este conflicto que tanto los waoranis no han resuelto como tampoco la justicia ordinaria.

En relación a las agresiones a Yasunidos, el Tribunal recomienda la elaboración de un documento experto sobre la iniciativa popular como mecanismo de última instancia para la defensa de los derechos de la madre tierra, documento que deberá remitido a la CIDH, así como al mismo movimiento Yasunidos.

III. DEFENSORES DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

El Tribunal ha podido constatar las dificultades que están atravesando las personas, organizaciones y pueblos indígenas que están defendiendo los derechos de la naturaleza en la gran mayoría de casos que ha escuchado en estas audiencias.

En el caso Conga, los Guardianes de las Lagunas denunciaron la muerte de cinco personas por las protestas y 400 personas criminalizadas, y que la policía y el estado en lugar de proteger a la gente, protege los intereses de las empresas transnacionales. En particular, el Tribunal se sensibilizó con el testimonio de Marisol Malki, cuyo marido murió por luchar en contra de la minería a cielo abierto.

En el caso Cóndor Mirador, el pueblo shuar se considera como un pueblo milenariamente antiminero. El Tribunal lamenta la muerte de tres miembros de la comunidad, en particular de uno de los testigos que debía comparecer ante este Tribunal para denunciar las actividades mineras y el impacto en la naturaleza y los pueblos, José Tendetza, que murió dos días antes de la celebración de esta audiencia. A José, antes de morir, le habían quemado su casa, quemado sus sembríos y le habían seguido un juicio por despojo. Este tribunal rinde homenaje a este luchador y lamenta esta pérdida irreparable para la comunidad y para la naturaleza. En su honor, el Tribunal decide dedicar estas audiencias a su nombre y memoria.

En Belo Monte, para evitar las protestas, la zona fue militarizada y se llegaron a acuerdos con el gobierno que nunca se cumplieron.

En el caso Chevron-Texaco, la empresa ha utilizado cuanto artilugio legal y mediático a su alcance para desprestigiar a los abogados y también para dividir a la comunidad.

En Bagua, el 5 de junio del 2009, durante un operativo policial, conocido por altas autoridades estatales, desalojo de los indígenas y sus organizaciones que defendían su territorio, en medio de protestas públicas, murieron 33 personas, entre policías, indígenas y pobladores de Bagua, un oficial de policía desapareció y aproximadamente 200 personas fueron heridas por armas de fuego y por perdigones. Actualmente, los líderes y dirigentes Awajun y Wampis, defensores de su territorio como Santiago Manuin, siguen sometidos a un juicio injusto y enfrentan solicitudes de sentencias por parte de la fiscalía, hasta de cadena perpetua.

En el caso cuatro Cuencas, en marzo 2008 las fuerzas especiales de la Policía Nacional intervinieron una protesta pacífica en el aeropuerto de Andoas, acción en la cual murió un policía. Después más de 51 padres de familia indígenas fueron capturados, algunos torturados dentro de las instalaciones de la empresa, y luego encarcelados en Iquitos. Luego de meses de privación de libertad y juicio penal, el 10 de diciembre del 2009, hace hoy casi 5 años, todos los acusados indígenas salieron libres tras una histórica sentencia de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior Iquitos. La sentencia fue apelada por la empresa, pero fue confirmada por la Corte Suprema en Lima el año 2011.

El movimiento Yasunidos han sido estigmatizados por su lucha a favor del Yasuní y en su contra, en múltiples ocasiones, el gobierno ha intentado deslegitimar su causa, han sufrido maltratos físicos en su labor de verificación de firmas, se les ha amenazado con tomar acciones legales por haber presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando venían a esta audiencia en Lima, en una caravana, fueron hostigados por la policía, su autobús fue retenido sin explicación ni justificación legal. El Tribunal condena todos estos actos de hostigamiento.

El Tribunal recuerda que todas las personas, colectivos y pueblos tienen no solo el derecho sino la responsabilidad por los derechos de la naturaleza y condena todas estas prácticas intimidatorias realizadas por las empresas y por los estados, y se solidariza con todas las personas afectadas. El Tribunal condena todos estos actos de hostigamiento.

Recuerda que existe una relación innegable entre la protección de la naturaleza y la realización de otros derechos humanos, porque defender la naturaleza es defender al ser humano y defender al ser humano es defender a la naturaleza [2]. Que los defensores pueden llevar a cabo sus actividades en un entorno que los empodere.[3] Que los estados deben abstenerse de intimidar las organizaciones y personas defensoras de la naturaleza y, en cambio, está obligado a protegerlos eficazmente mediante la realización de investigaciones prontas e imparciales de los autores de esas intimidaciones [4] No se puede justificar ninguna restricción al derecho a la libre expresión por motivos de seguridad nacional cuando realmente esa restricción tiene por objeto proteger a un gobierno contra la exposición de sus acciones abusivas u ocultar información acerca del funcionamiento de las instituciones públicas.[5]

Dado en Lima, 6 de diciembre de 2014.

Fiscal: Ramiro Ávila Santamaría, Ecuador

Secretaria: Natalia Greene, Ecuador; Robin Milam, EUA

 

[1] Informes al Secretario General: Sexagésimo séptimo período de sesiones Tema19, 20 h, 201. ) del programa provisionalDesarrollo Sostenible: Armonía con la Naturaleza, Octubre 2010, Septiembre 2011, Agosto 2012.

[2] (Tomado de: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kawas Fernández, Fondo, Párr 148)

[3] (Tomado de: Relatora Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/25/55, Párr. 60)

[4] (Tomado de: Relatora Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informe A/HRC/25/55, Párr: 49)

[5] . (Tomado de: Relator del Derecho a la libertad de Expresión de Las Naciones Unidas, informe E/CN.4/1999/64, Párr 22a)